En la industria automotora nacional están en estado de alerta máxima ante la próxima implementación de la nueva fase de la Ley de Eficiencia Energética a contar de enero de 2027. Y es que las exigencias que implica esta nueva fase arriesga la viabilidad del sector tal cual lo conocemos hasta ahora.
La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) advierte que más de 800 modelos de combustión e híbridos saldrían del mercado ante la imposibilidad de cumplir con la nueva norma de eficiencia energética, y encarecería los precios del resto de la oferta en hasta US$5.000 por auto, por el costo asociado al cambio tecnológico necesario para adecuar los vehículos a los nuevos estándares. El gremio advierte que todo esto afectará directamente "a las familias de clase media, a las pymes y quienes necesitan un vehículo para trabajar".
“Si más de 800 modelos de entrada salen del mercado, el impacto puede convertirse en un misil al bolsillo de la clase media. Hablamos de familias que necesitan llegar al trabajo, de personas que trasladan a sus hijos o cuidan a sus padres y de emprendedores que dependen de un vehículo para generar ingresos. Perder alternativas accesibles puede obligarlos a endeudarse más o postergar la renovación, manteniéndolos a bordo de vehículos más gastadores y contaminantes. La transición hacia una movilidad más eficiente debe permitir que esas personas también puedan acceder a ella”, plantea Sebastián de Cárcer, presidente de ANAC.
La norma en cuestión
El calendario regulatorio obliga a la industria a elevar el rendimiento referencial de su oferta de modelos de 18,8 a 22,8 kilómetros por litro de gasolina equivalente para el período 2027–2029, lo que equivale a un incremento de 21,3%. A ello se suma la adopción de WLTC como ciclo más exigente de medición para la homologación desde octubre de 2025.
ANAC advierte que la totalidad de los vehículos a combustión interna e incluso los híbridos convencionales disponibles hoy en el mercado quedarían por debajo del rendimiento exigido y el aumento de la exigencia supondría sanciones del orden de US$75 millones anuales para el sector. En este escenario, ANAC plantea que las ventas podrían disminuir hasta en 80.000 unidades durante 2027, cerca de una cuarta parte del mercado de 310.000 a 320.000 vehículos proyectado para 2026, impactando negativamente en cerca de US$1.760 millones la actividad comercial en el sector.
La preocupación de ANAC se extiende a concesionarios, logística, servicios y proveedores regionales. Según los antecedentes del gremio, el sector entrega más de 115.000 empleos directos, cifra que podría verse afectada en caso que la actividad comercial decaiga en 2027. La caída de las ventas implicaría, además, una reducción de US$ 281 millones en IVA recaudable y otros US$ 20 millones en impuesto verde y permisos de circulación.
La propuesta de la ANAC
“El éxito de la eficiencia energética también se juega en la posibilidad de reemplazar un vehículo antiguo. Si una familia posterga esa decisión, porque el nuevo quedó fuera de su presupuesto, parte del beneficio esperado podría demorarse. Queremos que la transición avance en las calles y llegue a las personas, con vehículos de menor consumo que estén a su alcance”, señala Sebastián de Cárcer.
Por lo mismo, la asociación ha solicitado al Ministerio de Energía mantener el estándar referencial de 18,8 kilómetros por litro de gasolina equivalente durante 2027 y 2028, conservar el ciclo internacional de medición WLTC que ya supone una mayor exigencia, y utilizar ese período bianual para reunir datos locales comparables en un laboratorio internacionalmente reconocido, como es el Centro 3CV ubicado en Maipú, dependiente del Ministerio de Transportes.
Propone además acordar las siguientes etapas en línea con la evidencia que se logre recabar, evitando un salto automático después de 2029 y considerando precios, disponibilidad de modelos, ahorro de combustible y la renovación efectiva del parque vehicular en circulación.
Durante ese período, ANAC propone evaluar los efectos por segmento y tecnología y realizar modificaciones de fondo a la ley. Entre ellas, plantea avanzar hacia una medición en gramos de CO₂ por kilómetro recorrido, alineada con la política de carbononeutralidad de la cartera de Energía, e incorporar incentivos a la electrificación, el reconocimiento del derecho a instalar un cargador eléctrico como medida de fomento a la carga domiciliaria y la masificación de las redes públicas.
