Sorpresivo resultó el comunicado de prensa enviado este viernes 1 de julio por la secretaría de prensa de Latin NCAP, el Programa de Evaluación para Autos Nuevos de América Latina, con el título "Chile incorpora calificación NCAP en etiquetado de seguridad vehicular".
Y es que haciendo una antojadiza y acelerada interpretación de una solicitud de actualización del Decreto 26 emanado desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile (MTT), el organismo afincado en Uruguay indica que "incorpora la calificación de seguridad de Latin NCAP para los modelos de vehículos nuevos comercializados en el país". Y agrega que "Chile se convierte así en el primer paós de la región en incluir en el etiquetado de seguridad las calificaciones de estrellas NCAP".
Pues bien, todo eso promocionado por Latin NCAP no es verdad, y sólo nos permite suponer que se trata de un arrebato del organismo presidido por el uruguayo Alejandro Furas, o peor aún, un intento de ejercer algo de presión en las autoridades nacionales a cargo de este tema. Y es que lo que en verdad indica el oficio enviado a Contraloría por el MTT es el Decreto Supremo "que actualizará el actual rótulo de elementos de seguridad optativos que deben exhibir los vehículos livianos nuevos".
"Se trata de una medida que permitirá incorporar nuevas exigencias mínimas a los vehículos livianos comerciales y vehículos medianos, junto con establecer nuevos elementos optativos de seguridad. Además, en el caso de los vehículos livianos de pasajeros y camionetas catalogadas como vehículos medianos, se modifica el actual rótulo de elementos de seguridad optativos que ahora incluirá, de forma adicional, información sobre la calificación obtenida en cualquier programa de evaluación de desempeño de seguridad", indica el MTT en su comunicado.
Fotos: Latin NCAP.
Vale decir que por ahora se trata de un proyecto de decreto, ya que oficiar a la Contraloría no significa que sea aprobado per se. Primero hay que ver si supera el control de legalidad que existe en Chile con la Toma de Razón por parte de la Contraloría. Esto supone analizar si corresponde al Ministerio de Transportes entregar por la vía de un decreto facultades especiales a un organismo extranjero, sobre cuyos protocolos y formas de actuar no existiría control alguno.
Y consultada la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) al respecto, indican que "estamos seguros que dicha tramitación será abortada en Contraloría General de la República".
Lo segundo, y más importante, es que en caso de ser aprobado, el decreto habla de "cualquier programa de evaluación de desempeño", y no necesariamente el de Latin NCAP o alguno de los NCAP globales. Podría ser la evaluación realizada por los gobiernos europeos o asiáticos, o el de la NHTSA o IIHS de Estados Unidos.
Finalmente, la propia Latin NCAP aclara lo siguiente: "El Decreto establece que todos los modelos de vehículos nuevos a la venta deben exhibir la calificación obtenida en el Programa NCAP, siempre y cuando alguna de las unidades utilizadas para la evaluación haya sido adquirida en Chile. En caso de que el modelo no haya sido evaluado por NCAP con unidades adquiridas en Chile, la etiqueta mostrará la leyenda no disponible".
Este punto puede resultar clave, pues organismos como Latin NCAP no siempre compran vehículos en nuestro territorio, y en los casos de pruebas más avanzadas exigen que los vehículos sean enviados a pruebas de choque en Alemania por los mismos fabricantes, quienes financiarían dichas pruebas con el obvio conflico de interés.
Ahora, más allá de la semántica, ¿es bueno que se obligue a las marcas que comercializan autos en Chile a mostrar una evaluación de seguridad realizada por un organismo privado que opera sin supervisión de las autoridades nacionales competentes? ¿Es razonable que el Gobierno de Chile delegue parte de sus atribuciones y valide sin cuestionamientos los resultados de una evaluación realizada bajo parámetros de financiamiento que no garantizan la ecuanimidad para todos por igual?
Diego Mendoza, Secretario General de ANAC, indica: "ANAC aclara que ha hecho ver y valer su posición en todas las instancias en que ha sido requerida con respecto a este asunto por la Autoridad normativa (MTT), resaltando su oposición a que el Estado privatice su función de asegurar la seguridad vial a través del modo automotor, por las siguientes razones. Primero, porque en la actualidad dicha función la cumple a cabalidad y con plena suficiencia técnica el ente público Centro 3CV del MTT, con total excelencia, dando garantías de transparencia a toda la comunidad y al sector automotor. Segundo, porque delegar una función pública, como es testear y etiquetar los estándares de seguridad pasiva y activa de los vehículos automóviles, sólo debe hacerse si no se cuenta con un ente público que esté disponible para hacerlo, lo cual claramente no es el caso, y adicionalmente esta delegación facultativa debiese ser materia de Ley y no un acto meramente reglamentario, pues estamos hablando de una de las más altas potestades que se han deferido por el Legislador al Ministerio de Transportes, situación que no puede ser corregida vía decreto. Finalmente, porque en caso de delegación de tal función, ésta debe hacerse de manera pública, informada y a través de mecanismos de participación competitiva e informada (licitación), y por ningún motivo por designación directa, cual sería el caso con NCAP, en caso de materializarse este decreto. Lo anterior, toda vez que dicha privatización directa perdería transparencia, efectividad y, en definitiva, legitimidad".
Como Autocosmos somos radicalmente partidarios de la seguridad automotriz, y quienes nos siguen en nuestras diferentes plataformas, saben que somos el medio especializado más duro que hay cuando se trata de tocar esta materia, lo que nos ha traído no pocos problemas con ciertas marcas a quienes hemos criticado por sus modelos. Además, estamos absolutamente a favor de la transparencia en la entrega de la información por parte de los fabricantes hacia los consumidores, para que la toma de decisión sea lo más informada posible. Normalmente publicamos los resultados de las evaluaciones y hacemos mención de las estrellas otorgadas cuando probamos los diferentes autos que se venden en Chile.
Sin embargo, esta postura pro seguridad no nos impide compartir la postura de ANAC y estar en contra de que la autoridad gubernamental reemplace los procesos transparentes de medición esperables en una institución pública, por los que entrega una empresa privada como Latin NCAP, o cualquiera otra nacional o internacional, sin saber la forma en que opera y los intereses podrían haber detrás. Traspasar este rol que recae en Conaset y en el MTT, es simplemente sacarse de encima el trabajo que deben hacer por el bien de todos los consumidores chilenos.
Por ahora, no existe ninguna norma aprobada en tal sentido, por ahora es sólo un “proyecto de decreto” sometido al control de legalidad que existe en Chile.
